Alejandro Bonada Chavarría
Verdad de Perogrullo es afirmar que subsistimos por el oxígeno que respiramos y que la modificación del medio ambiente produce afectaciones directas en el sistema respiratorio, al sincopar la aspiración/exhalación, modificar la diástole y la presión arterial, así como alterar nuestro estado de ánimo y la disposición al trabajo. En las grandes ciudades, por eso, se lleva a cabo la medición cotidiana de corpúsculos de ozono, dióxido de azufre, nitrógeno y las llamadas partículas suspendidas –PM25 y PM10– dándose a conocer los datos en los periódicos, los noticieros y las redes sociales. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, más de cinco mil muertes al año están relacionadas por la contaminación del aire en nuestro país y más de una decena de enfermedades y otras afectaciones cutáneas tienen su origen en lo que bebemos, comemos y respiramos a lo largo del día. Las medidas para paliar las consecuencias o atacar su génesis están lejos de ocurrir, a pesar que desde 1971 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental y en 1987 la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En ciudades fronterizas como Tijuana, el coctel de contaminantes arrojado al ambiente proviene de las chatarras rodantes del transporte público, el deteriorado parque vehicular privado –importado de Estados Unidos– y el flujo de gases y aguas negras de la industria local y la del sur de California. El argumento político, para no cumplir con la reglamentación o el equilibrio ecológico y ambiental, ha sido el crecimiento económico regional y la generación de empleo que ofertan las maquiladoras. Además de allanar la movilidad de bienes exportables al mundo desde la ampliación de la zona libre (1946) y la instrumentación del Programa Nacional Fronterizo (1961) hasta el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (1994). Hay que agregar, en el caso de la península de Baja California, la transformación del suelo agrícola, la extracción irregular de arena de mar, el agotamiento de los mantos acuíferos y la alteración generada por la termoeléctrica de Mexicali, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos en Playas de Rosarito, o la extracción de minerales a cielo abierto en zonas protegidas, como en la sierra de la Laguna, en Baja California Sur. En otras palabras, se ha privilegiado la mercantilización del medio ambiente sin reparar en el desequilibrio hombre-naturaleza, las alteraciones del paisaje y las repercusiones sociales en el largo plazo. En este escenario es donde se imbrica el libro Repercusiones ambientales en Tijuana durante el crecimiento industrial 1937–1980. Una aproximación desde la historia ambiental, que pone en perspectiva lo acontecido en una región específica de México con la mirada del científico social y la lente del historiador ambiental. La obra ayudará a entender los cambios del hábitat generados por “el progreso” y las relaciones humanas. Entre los argumentos que presenta el autor, se encuentran el tránsito de la Tijuana rural a la metrópoli urbana que conocemos, así como las políticas agrarias de los gobiernos posrevolucionarios –reforma agraria, creación de ejidos, agroindustria, programa maquilador, industria de exportación– y la formación de riqueza de los agentes privados y los grupos políticos en el desarrollo regional de Baja California. El lector hallará en el primer tercio de este volumen, una disquisición profunda, teórica –a veces excesiva– pero bien compendiada, de qué es el medio ambiente y por qué la relación del ser humano con su entorno puede estudiarse desde la historia. Cómo los efectos colaterales de la Segunda Guerra Mundial –particularmente la bomba atómica y la neo colonización–, la revolución verde, los grupos ambientalistas y los acadé- micos de diversas nacionalidades, dieron rostro a las preocupaciones de un conflicto global que devino en crisis: la crisis ambiental que vivimos y heredaremos a las siguientes generaciones. El libro de Bonada Chavarría, muestra por qué la otrora Magistra vitae, continúa siendo una herramienta útil para descifrar procesos sociales, acciones públicas y decisiones políticas, al mismo tiempo de esclarecer con estudios de caso, el crecimiento poblacional, la movilidad de población migrante que se sumó a la industrialización forzada –las maquiladoras– y modificó el medio ambiente. Igualmente da pistas al debate historiográ- fico del enfrentamiento de propietarios rurales y agraristas foráneos que instrumentaron la reforma agraria en Baja California. Aquel reparto de tierras iniciado en 1937 y la ulterior creación de ejidos, distan mucho del mito oficial construido hace tiempo y repetido inexactamente; el 91.3% de terrenos entregados por el gobierno no eran laborables y únicamente el 0.5% contaban con riego. Como hemos dicho en otros foros, no todos podían –ni querían– ser agricultores o ejidatarios. En este sentido, sumar población a las actividades agropecuarias sin remediar la aridez de Tijuana, supuso un reto mayúsculo. La creación de un distrito de riego y la edificación de la presa Rodríguez fueron un primer paso, sin embargo desde 1950, la cuenca del río Tijuana sufrió severas sequías –afirma Alejandro Bonada– y la superficie regada en el agro tijuanense fue mínima. La mano de obra agrícola se trasladó a los campos de California o a otros sectores económicos de la península. Para 1960 la población económicamente activa de Tijuana se concentraba en el sector terciario (47.20%) y apenas dos habitantes de cada diez (19.62%) se dedicaban a actividades primarias. Una década después, refiere el autor de este libro, la migración hacia Estados Unidos de ejidatarios tijuanenses, la dificultad para conseguir financiamiento, así como el excepcional crecimiento poblacional, llevaron al fracaso de la agricultura y a la desaparición del distrito de riego de Tijuana. La mancha urbana ocuparía todos los lotes de riego. Por otro lado, la extracción de materiales pétreos utilizados en la construcción de casas habitación, vialidades y edificios públicos en estos años, alteró el paisaje. Según el autor de este libro, la cocción de ladrillos a lo largo del río Tijuana fue una actividad común y, “puesto que la combustión de ladrillo produce grandes cantidades de dióxido de carbono, erosiona y contamina los acuíferos”, fue altamente nociva con el medio ambiente. Empero, el evento que suscitó mayor deterioro del suelo, el agua y el aire fue la expropiación de ejidos, a partir de 1969, además del establecimiento de Ciudad Industrial Nueva Tijuana en los siguientes años ¿A qué apostaron los gobiernos federal y local, al desarrollo humano o al crecimiento económico? Ese dilema es parte de la investigación de Alejandro Bonada que, como podrá colegir el lector, fue resultado de una tesis de licenciatura en la que invirtió mucho tiempo en archivos públicos y bibliotecas, por lo que al parecer el agotamiento y los estudios de maestría que emprendió el autor en Guadalajara, poco modificaron aquel formato. Aun así, el libro resulta de lectura ágil y de consulta obligada, tanto por la novedad temática como por los resultados presentados, seguramente por eso el Instituto Sudcaliforniano de Cultura y el egregio Archivo Histórico Pablo L. Martínez dieron su visto bueno para publicarlo y poner en manos de sus numerosos lectores, en el país y el extranjero, esta obra histórica. Concluyo, impacto ambiental se describe como la diferencia en la calidad que existiría en el medio, de efectuarse o no acciones que lo modifiquen. En Tijuana, el proceso se vivió en las postrimerías de la década 1970, la industria maquiladora sumaba 144 establecimientos, se construían 19 plantas para otras industrias y estaban programadas 14 más para adosarlas a las 11 que funcionaban en el suroeste y noreste de la ciudad. La oferta de trabajo generó nueva oleada migratoria, invasión de predios, demanda de servicios públicos, venta, renta y modificación de los ejidos, expropiaciones injustificadas, especulación y la creación de la Comisión Reguladora de la Tierra (CORETT). Bonada Chavarría explica cómo el propio ayuntamiento controló PRODUTSA (Productora para el Desarrollo Urbano de Tijuana), empresa comercial de capital público federal para urbanizar el municipio, y que la canalización del río Tijuana dio al traste con las escasas actividades agropecuarias que pervivían en Tijuana. El proceso agravó la problemá- tica ambiental sobre todo al cimentarse la segunda y tercera etapas para acanalar el río. La afectación ambiental quedó evidenciada durante los ciclos pluviales 1976-1978, el aumento de densidad poblacional por colonia y el ensanchamiento de la mancha urbana hacia el este y hacia Playas de Tijuana. Asimismo, las afectaciones sanitarias entre la población fueron considerables, por ejemplo en el ex ejido Chilpancingo –asentamiento de migrantes de Chiapas, Veracruz, Michoacán y Oaxaca– donde se registró aumento de mortandad infantil, rotavirus, bronquitis, diarrea, infecciones en la piel y el cuero cabelludo. El crecimiento no sustentable había sentado sus reales en la ciudad. No deseo extenderme, únicamente señalo que vale la pena revisar los estudios de caso elegidos por el autor: los ejidos Tampico y Chilpancingo y el centro de población agrícola La Mesa. Los tres estudios son la cereza del pastel. El seguimiento histórico a la formación de dos unidades colectivo ejidales y una de régimen de propiedad privada, la coexistencia de actividades agropecuarias y semi-industriales en el periodo bélico, y la ulterior urbanización e industrialización que trasformó aquellos espacios ambientales, a la sociedad y su entorno. La evidencia que la conservación de la vida en el planeta depende únicamente del mismo ser humano que la ha alterado.
